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DOCUMENTOS JURÍDICOS
DE INTERÉS

En TECNOTRAMIT contamos con una larga trayectoria profesional. Nuestros expertos jurídicos gestionan a diario multitud de temas que pueden resultar de su interés. En esta sección se recopilan nuestros documentos jurídicos de mayor relevancia para el sector.

¿ES NULA LA CLÁUSULA DE IMPOSICIÓN DE GASTOS? 05/10/2018
Voto particular de dos magistrados de las sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en que cuestionan la ilicitud indiscriminada de dichas cláusulasAcceso  a Artículo completo
SWAP: IMPORTANTE SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO: STS 524/2018 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2.018: INEXISTENCIA DE ERROR. 28/09/2018
Reitera que la jurisprudencia de la Sala Primera ya ha señalado que la infracción de los deberes de información no determina por sí la existencia de error, sino que únicamente determina una presunción. Por lo que es posible acreditar que el cliente contrató con conocimiento del producto a pesar del incumplimiento de los deberes de información y de evaluación – Fundamento de Derecho Cuarto, párrafo 4-.En concreto, la Sala de casación entiende que hay datos que permiten afirmar que sí había un conocimiento bastante, utilizando los siguientes hechos probados – Fundamento de Derecho Cuarto, párrafo 5-:(i).Experiencia derivada de la previa contratación de derivados.  (ii)  Otorgamiento de fianzas en garantía de resultados negativos de algunos swap’s, por lo que conocían el riesgo de pérdidas. (iii)  La sucesiva contratación y cancelación de swap’s desde el año 2006, lo que demuestra que las actoras fueron adaptando a las situaciones de mercado el tipo de permuta financiera que pudiera ser más favorable al actor –argumento ya utilizado por el TS en la Sentencia 264/2018 de fecha 9 de mayo de 2018-. Ver sentencia completa: STS 524/2018 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2.018
NULIDAD IRPH: CUESTIÓN PREJUDICIAL ANTE EL TJUE (ASUNTO C-125/18): EL INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE LAS CUESTIONES PLANTEADAS. 19/09/2018
El pasado 17 de septiembre de 2018 la Comisión Europea ha remitido al TJUE las observaciones escritas de fecha 31 de mayo de 2018 sobre la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona sobre el juicio de abusividad de las cláusulas de préstamos que incorporan El IRPH como tipo de interés. El asunto se está tramitando bajo la referencia C-125/18.La Comisión Europea, que considera que la cláusula antes referida debe pasar el juicio de transparencia. Y ese juicio de transparencia exige que se ofrezca  al consumidor una información que transmita todos los elementos que puedan incidir en su compromiso y que le permitan evaluar el coste total de su préstamo. Este deber, según la Comisión Europea, se concreta en la obligación de informar precontractualmente cómo se configura el tipo de referencia, cuál ha sido la evolución de dicho tipo de interés en el pasado así como su previsible evolución futura, con comparación con otros tipos empleados en el mercado.La Comisión Europea entiende que la omisión de esta información debe calificarse de engañosa a los efectos del artículo 7 de la Directiva 2005/29/CE, lo que puede transformar la actuación de la entidad financiera en una práctica comercial desleal.Finalmente, la Comisión Europea, al analizar las posibles consecuencias de la nulidad de la cláusula, no sin reconocer las fuertes dudas sobre este extremo, propone el mantenimiento del préstamo y la sustitución del IRPH por otro tipo, por ser la solución más favorable al consumidor. Así, plantea conceder a las partes un plazo prudente para que negocien una sustitución del referencial sin tocar el diferencial. Y para el caso que no se alcance acuerdo, propone que sea el Juzgador que fije el tipo referencial que sustituya al IRPH, estableciendo el más usual del mercado. Ver Observaciones Comisión Europea
Cambio de Doctrina de la DGT sobre las Novaciones con modificación del valor de tasación 22/08/2018
En relación a las Novaciones o Modificaciones de Préstamos o Créditos Hipotecarios en las que se incorpora una nueva tasación a efectos de subasta o se modifica el valor de tasación, después de reiteradas consultas vinculantes en las que la Dirección General de Tributos (DGT) siempre ha considerado esta convención como sujeta al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, finalmente y mediante la reciente publicación de la Consulta V1914-18, ha asumido las directrices del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) quien ya se posicionó el pasado octubre afirmando lo contrario.Tal como decimos, dicho tribunal, en resolución de fecha 10 de octubre de 2017 ya manifestó que: ”No toda mención de una cifra o valor en el documento implica que éste adquiera la condición de “evaluable” a efectos del impuesto, ya que esta última condición sólo concurrirá cuando la referencia del valor incluido en el documento tenga relación directa con los efectos jurídicos que produzca el acto o negocio documentado. (…) …la tasación a efectos de subasta no produce efecto jurídico alguno en la hipoteca inscrita: ni a los sujetos en sus derechos u obligaciones, ni se produce cambio alguno en el objeto hipotecado, ni se modifica la responsabilidad hipotecaria de la finca, la cual, cualquiera que sea el valor en que se tase la finca a efectos de subasta sigue respondiendo de la misma cifra de responsabilidad asignada. Se trata de un mero requisito procesal (…)”Por tanto, el TEAC determinaba que la modificación del valor de tasación, al no contener contenido valuable, le falta uno de los requisitos exigidos en el artículo 31.2 del TRLITPAJD, por lo que la escritura que recoja la modificación del valor de tasación no queda sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de actos jurídicos documentados.En la nueva consulta vinculante, fechada el 29 de junio de 2018 aunque publicada recientemente, la DGT sigue el mismo criterio que el TEAC concluyendo que:“La escritura pública que documente la modificación del valor de tasación del inmueble hipotecado no está sujeta a la cuota gradual de actos jurídicos documentados, documentos notariales, por no concurrir en ella los cuatro requisitos exigidos por el artículo 31.2 del TRLITPAJD, ya que le falta el requisito de que la escritura tenga contenido valuable.”Atendiendo al contenido de la respuesta de la DGT, aunque nunca se puede descartar un nuevo cambio de criterio en el futuro, se prevé que supondrá un criterio firme y vinculante para todas las operaciones de este tipo. Así mismo, el volumen de escrituras de Novación de Préstamo que tramitamos, cada vez es más elevado, por lo que se trata de un cambio de doctrina que tiene trascendencia, sobre todo en cuanto al ahorro fiscal que supondrá para muchos contribuyentes.En otro sentido, siempre y cuando no haya prescrito el plazo, el contribuyente que haya formalizado una escritura de novación modificando el valor de tasación y haya liquidado la cuota del IAJD siguiendo la antigua doctrina, podrá solicitar la devolución del ingreso indebido ante la administración tributaria amparándose en esta consulta (y en la resolución del TEAC). Consulta DGT V1914-18 Novación incluyendo nueva tasación no sujeta al IAJD.
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE LAS AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA EN CONDICIONES GENERALES. 27/07/2018
Criterios importantes sobre cuestiones de fondo y procesales en procedimientos en que se pretenda la nulidad de condiciones generales en préstamos hipotecarios concertados con personas físicas. Acta unificación criterios 1ª Instancia Murcia
CONOCE LOS PLAZOS PROCESALES PARA EL MES DE AGOSTO 2018 26/07/2018
Con el periodo vacacional, debes conocer los periodos procesales vigentes para este agosto 2018. Consultar plazos agosto
SENTENCIA QUE AVALA LA TRANSPARENCIA DE CLÁUSULA SUELO CONTRATADA CON CONSUMIDOR 09/07/2018
Sentencia de la Sección 15ª de la AP Barcelona que considera transparente cláusula suelo de Caja Granada por su redacción y por la existencia de oferta vinculante entregada con 6 días de antelación Puede consultar de forma completa la sentencia de transparencia
Comprobación de valores de un inmueble adquirido en compraventa por el método de estimación mediante la aplicación de coeficientes correctores del valor catastral (artículo 57.1.b) de la LGT). 04/07/2018
En relación al método de comprobación de valores de inmuebles, utilizado por la administración para comprobar autoliquidaciones del ITPyAJD y consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente según la población en la que se encuentre, la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 843/2018 (que adjunto), que puede resultar de interés para las entidades bancarias e inmobiliarias, así como para los particulares para los que formalizamos y tramitamos operaciones de compraventa de inmuebles. En la citada sentencia, el Supremo fija doctrina sobre este asunto que “el método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que posibilita la Ley General Tributaria, consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo”. Además, señala que el contribuyente no está obligado a justificar el valor real del inmueble en la autoliquidación, sino que la carga de la prueba la tiene la administración: “el interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia”. En este sentido, se establece que “el artículo 57.1.b) LGT no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no.” Y que, “no cabe presumir el desacierto del precio declarado en la escritura pública. La Administración no goza de presunción iuris tantum de que el valor real coincide con el establecido de forma abstracta en normas reglamentarias.” Así mismo, confirma su jurisprudencia en el sentido de que acudir a la tasación pericial contradictoria (TPC) para impugnar las liquidaciones complementarias de la administración no debe ser una carga del contribuyente, sino “una facultad concedida en su favor, al que es libre de acudir o no.”  Por tanto, “para oponerse a la valoración del bien derivada de la comprobación de la Administración basada en el medio consistente en los valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes, el interesado puede valerse de cualquier medio admisible en derecho”  sin que sea obligatorio acudir a la TPC. En consecuencia, esta sentencia pone en entredicho un método que es utilizado frecuentemente por las oficinas liquidadoras que ahora, si siguen la doctrina del Supremo, deberán de realizar una valoración concreta y razonada de los bienes y, lo que es más importante, tendrá que acreditar los valores que pretenda aplicar.  En el sentido contrario, la sentencia también servirá para que los contribuyentes tenga argumentos para impugnar las liquidaciones complementarias que reciban.Puede acceder aquí a STS 843_2018 de 23.5.2018 Comprobación de valores por el método de coeficiente no idóneo
Aplicación de las exenciones en el ITPyAJD en relación a las operaciones sobre Viviendas de Protección Oficial 04/07/2018
Sentencia del Tribunal Supremo (STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 820/2018 de 22 May. 2018, Rec. 96/2017), sobre la aplicación de las exenciones en el ITPyAJD establecida por el art.45.I.B.12 del TRLITPyAJD en relación a las operaciones sobre Viviendas de Protección Oficial en la que, a modo de resumen, establece que: “Las normas autonómicas no pueden ni restringir ni ampliar los beneficios fiscales concedidos por la ley estatal, de forma que si el Estado reconoce la exención para las viviendas de régimen concertado, la Comunidad Autónoma no puede restringir ese beneficio fiscal limitándolo a la vivienda de Régimen General.”La fiscalidad de las operaciones relativas a viviendas calificadas como protegidas, ha sido polémica debido a la distinta normativa sobre las viviendas protegidas y a la normativa fiscal aprobada por cada CCAA (sobretodo en la Comunidad de Madrid) que ha ido derivando en la notificación de liquidaciones complementarias por parte de cada administración autonómica, en casos en los que se autoliquidaba el impuesto invocando la exención de la normativa estatal. Ante esta situación, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Letrada de la Comunidad de Madrid contra la sentencia del TSJ Comunidad de Madrid dictada en el procedimiento ordinario sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados, estableciendo que no puede dejarse en manos de cada Comunidad Autónoma determinar los parámetros de las viviendas que pueden beneficiarse de la exención cuando los parámetros ya están definidos en la normativa estatal. Y, en consecuencia, acaba estimando que: “Es irrelevante que la Comunidad haya otorgado una u otra calificación a las viviendas resultantes de la obra nueva con arreglo a su propia normativa porque su intervención a los efectos de la exención tributaria se ciñe a dictar el acto de calificación y declarar formalmente que las viviendas de nueva construcción se encuentran sometidas a un régimen de protección, y la comprobación de si las viviendas se ajustan a los requisitos de las VPO en cuanto a precio, superficie e ingresos de los adquirentes, reenvía obligatoriamente a la normativa estatal. Los parámetros de superficie máxima protegible, precio de la vivienda y límite de ingresos de los adquirentes que permiten acceder a la exención, son los establecidos en las normas estatales que regulan las características de las viviendas de protección oficial.”Por tanto, aunque las viviendas protegidas dispongan de una denominación, regímen jurídico y normativa autonómica propia, en el caso que cumplan con los parámetros de superficie máxima protegible, precio de la vivienda y límite de ingresos de los adquirentes establecidos en las normas estatales que regulan las características de las viviendas de protección oficial, será posible acceder a la exención recogida en el artículo 45.I. B.12) TRLITPOyAJD. Así mismo, en sentido contrario, esta sentencia será un argumento esgrimible para la posible interposición de alegaciones o recursos ante la administración.Puede consultar aquí la STS 820_2018 de 22.5.18 Recurso 96_2017, Normativas CCAA no pueden restringir exención VPO
RESOLUCIÓN DGRN QUE PERMITE A FONDOS CESIONARIOS OBTENER COPIAS EJECUTIVAS 03/07/2018
Las fondos o filiales cesionarias de crédito podrán obtener copias con eficacia ejecutiva una vez acrediten la existencia de la cesión, sin que les perjudique la primera copia de la entidad financiera prestatario original. Puedes acceder aquí para ver la sentencia completa sobre fondos concesionarios