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Los jueces de primera instancia unifican los acuerdos de desahucios por la crisis de la COVID-19
El sector inmobiliario se ve afectado, una vez más, por la crisis de la COVID-19. Frente a esta situación han surgido dudas y conflictos con respecto a los desahucios. Por este motivo, se han publicado los nuevos acuerdos que unifican los criterios de los juzgados de primera instancia para resolver determinadas situaciones de conflicto, los cuales constan de las siguientes cláusulas:  La presentación de una demanda que solicita la revisión de las rentas frente a la doctrina rebus sic statibus, es decir, la modificación ante alteraciones sustanciales de las circunstancias que los motivaron, el reembolso de los pagos realizados indebidamente según la Llei 11/2020, de 18 de septiembre, del Parlament de Catalunya, y el ser beneficiario de un alquiler social no son motivos suficientes para llevar a cabo la suspensión de un desahucio. Sin embargo, un juez podrá valorar la suspensión del juicio de desahucio en el caso de que el arrendador realice una reclamación de rentas, determine la cantidad de rentas que no han sido pagadas y demostrar que el arrendatario haya realizado actos para mantener el alquiler. Durante el juicio de desahucio, si la parte arrendataria abonara el 50% de las rentas o el porcentaje correspondiente según el Decret Llei 34/2020, de 20 de octubre, este podría perder eficacia. Como último punto, la parte demandada no podrá solicitar que se aplique la doctrina rebus sic statibus como motivo de oposición al desahucio. Esta se deberá realizar en el marco del procedimiento legal que corresponda. No obstante, sí será posible alegar como motivo de oposición al desahucio la imposibilidad de pago de las rentas debido a las circunstancias derivadas de la declaración del estado de alarma y las demás medidas dictadas por el Gobierno, como fuerza mayor. David Viladecans Jiménez, director de Asesoría Jurídica de Tecnotramit, sostiene que “se trata de un paso importante para iniciar la lucha contra la ocupación ilegal y la situación de indefensión en la que se encuentran muchos propietarios e inquilinos que han visto ocupados sus inmuebles y sus domicilios en los últimos tiempos, no es suficiente”.