El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Decreto Ley por el que interviene el mercado de alquiler y determina una reducción de las rentas de locales, sean bares, restaurantes, hoteles, comercios, gimnasios y otros establecimientos afectados por la crisis de la COVID-19.
David Viladecans Jiménez, director de nuestra área de Asesoría Jurídica, ha realizado un análisis de la situación: «Esta medida, que no ha gustado a nadie -ni a propietarios ni a arrendatarios- va a provocar, seguramente, mucha controversia jurídica, dado que es muy cuestionable que la Generalitat pueda adoptar esta medida, al estar invadiendo competencias del Estado».
La aprobación del Decreto Ley que interviene el mercado del alquiler en Catalunya por parte de la Generalitat ha profundizado la grieta entre arrendadores y propietarios y ha desatado una polémica jurídica. El Gobierno de la Generalitat, después de adoptar la polémica medida de cerrar los negocios vinculados a la hostelería «ha querido paliar el impacto causado, «socializando» parte de las pérdidas causadas por el cierre de actividad y haciendo asumir al propietario parte de esta carga», opina David Viladecans Jiménez, director de Asesoría Jurídica de Tecnotramit.
Esta situación es muy similar a cuando Cataluña presentó esta normativa para la regulación del alquiler hace unos meses, elaborada por el sindicato de alquileres catalán y el Departamento de Justicia de la Generalitat.
La publicación de este decreto ha generado controversia y cierta incertidumbre. En este sentido, nuestro director de Asesoría Jurídica ha podido analizar la repercusión de esta medida en medios como el ABC o El Economista.